El pleno aprueba la moción impulsada por el Gobierno Provincial para instar al Gobierno de España a adoptar medidas que permitan a los gobiernos locales recibir las entregas a cuenta actualizadas por su participación en los tributos del Estado.
La Diputación de Castellón reitera su demanda al Gobierno Central para lograr una distribución más justa de los recursos estatales.
El pleno ordinario correspondiente al mes de mayo y celebrado este martes, ha aprobado la moción impulsada por el Gobierno Provincial para instar al Gobierno de España a adoptar medidas que permitan a los gobiernos locales recibir las entregas a cuenta actualizadas por su participación en los tributos del Estado. A través de la moción, que ha contado con los votos en contra del PSOE y Compromís, la institución provincial recuerda que la provincia de Castellón se ha convertido en una de las provincias donde más ha crecido la recaudación fiscal en los dos últimos años. Sin embargo, este incremento de recursos no se ha visto reflejado en la financiación local y el Gobierno ha disminuido la financiación a los ayuntamientos a través de las entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) con respecto a 2024.
Como se relata en la moción, el Gobierno de España actualmente debe 221 millones de euros a nuestros municipios y, de ese dinero que se adeuda, en el caso de la Diputación son más de 105 millones de euros los que se están perdiendo desde el 2023 hasta abril del 2025.
Con todo, la Diputación de Castellón insta al Gobierno de España a que apruebe una serie de medidas que deriven en una distribución más justa de los recursos estatales que ayude a nuestros municipios a prestar mejores servicios públicos de calidad a la ciudadanía. En ese sentido, se instará al Gobierno de España a incrementar la participación en los ingresos del Estado (PIE) para las entidades locales de la provincia de Castellón en la misma proporción que ha crecido la recaudación del Estado en la provincia, además de instar al Gobierno de España a realizar el pago de las cantidades adeudadas a las entidades locales de la provincia de Castellón.
Asimismo, desde la institución provincial reiteran la solicitud de reunión de la presidenta Marta Barrachina con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar esta problemática.
Por otro lado, el pleno ordinario ha aprobado una moción para exigir al Gobierno de España una modificación de la regulación del nuevo Registro de Viajeros. Así, a través de la moción, que ha sido aprobada por el Gobierno Provincial, Compromís y Vox, y el voto en contra del PSOE, se instará al Gobierno de España a abrir un proceso de diálogo con el sector turístico para cambiar el nuevo registro, enmarcado en el Real Decreto 933/2021, y que entró en vigor el 2 de diciembre de 2024, y que afecta al registro de viajeros en el hospedaje y el alquiler de vehículos a motor. Como ha expresado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, “la moción está redactada conjuntamente con el sector para que se reflejen sus demandas”.
Así, a través de la moción se exigirá al Gobierno Central que, tras alcanzar una solución consensuada y satisfactoria con los operadores afectados, dicte las normas precisas de desarrollo sobre las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas, facilitando en todo caso la aplicación de un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, al mismo tiempo que aportando plenas garantías jurídicas a todos los actores de la cadena de valor turístico obligados a su cumplimiento.
Ampliación plazo justificación Plan Impulsa
El consenso de todo el plenario ha estado presente en la aprobación de la modificación de la ordenanza del Plan Impulsa, por la que se amplía el plazo de adjudicación y justificación de las obras. Con esta modificación se da más margen a los ayuntamientos para poder gestionar sus proyectos y garantizar que las obras se puedan llevar a cabo con éxito. Para el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, “esta modificación se ha planteado para seguir con la filosofía del Plan Impulsa para dar respuesta y atender a las demandas de los municipio”. De esta forma, el plazo de adjudicación de las obras se traslada del 30 de mayo de 2025 al 31 de julio del mismo año, mientras que el de justificación pasa del 30 de octubre al 28 de noviembre de 2025.
